Un proyecto de ley presentado en la legislatura de Minnesota busca imponer nuevas restricciones a las llamadas e-motos, motocicletas eléctricas que han ganado popularidad en los meses de verano.
La propuesta, identificada como HF 3785 y patrocinada por el representante Tom Dippel, redefiniría estos vehículos como motocicletas dentro de la ley estatal, lo que implicaría requisitos de licencia para poder operarlos.
Cambios propuestos en velocidad y potencia
El proyecto también plantea limitar las características de estos vehículos eléctricos. Entre los cambios propuestos se encuentra reducir la velocidad máxima permitida de 30 a 20 millas por hora.
Además, se reduciría el peso máximo permitido de 500 a 100 libras y se establecerían límites para la potencia del motor eléctrico, entre 750 y 1,500 watts.
La propuesta también prohibiría operar o vender e-motos que no cumplan con estas normas o que no cuenten con certificación de terceros que confirme su cumplimiento.
Preocupaciones de seguridad
Durante la audiencia del Comité de Transporte de la Cámara, autoridades señalaron que las fuerzas policiales han tenido dificultades para determinar cómo aplicar las leyes existentes a estos vehículos.
El representante Dippel indicó que la legislación busca aclarar cómo deben ser reguladas y aplicadas las normas para estos dispositivos eléctricos.
La organización Bicycle Alliance of Minnesota expresó su apoyo a la propuesta, señalando que ayudaría a crear mayor claridad sobre el uso de estos vehículos.
Testimonio tras un accidente
Durante la audiencia también testificó Janet Stotko, residente de Hastings, quien relató que un choque con una bicicleta eléctrica el verano pasado le causó una lesión cerebral traumática.
Según explicó, el conductor tenía 14 años y no tenía edad legal para operar el vehículo. Stotko señaló que debido a la falta de definiciones claras en la ley no se presentaron cargos ni hubo cobertura de seguro para sus gastos médicos.
Qué sigue
El proyecto fue discutido ante el Comité de Transporte y quedó pendiente para posible inclusión en un proyecto legislativo más amplio. De aprobarse, las nuevas reglas entrarían en vigor el 1 de agosto de 2026.
