El Gobierno, presidido por Donald Trump, ha publicado este lunes la regla largamente anunciada que refuerza la capacidad de sus funcionarios para denegar visados, tarjetas de residencia y, por extensión, la ciudadanía a aquellos inmigrantes que se hayan beneficiado de ayudas sociales. Entrará en vigor el 15 de octubre y no tendrá valor retroactivo.

Se verán afectados aquellos inmigrantes que “sea más probable que improbable” que reciban ayudas públicas durante más de 12 meses dentro de un periodo de 36 meses. Si alguien recibe dos ayudas durante un mes, contará como dos meses. La definición de ayuda se ha ampliado además para incluir el seguro médico Medicaid, las ayudas a vivienda, y las de alimentos bajo el programa SNAP.

Tras la publicación del primer borrador el otoño pasado, el Departamento de Seguridad Nacional recibió 266.000 comentarios (el triple de lo habitual), y finalmente introdujo algunos cambios: por ejemplo, las mujeres no se verán afectadas durante su embarazo o hasta 60 días después de dar a luz.

Además, el subsidio para rentas bajas de Medicaid (Part D) no contará como ayuda pública. Y aquellos beneficios recibidos por niños y jóvenes de hasta 21 años tampoco ser verán afectados. Quedarán fuera también la asistencia médica de emergencia, los programas de comida en escuelas, la adopción, los préstamos estudiantiles, las hipotecas, los comedores públicos, los albergues para personas sin hogar, y la ayuda tras catástrofes.

Tampoco afectará a refugiados a mujeres que huyen de la violencia doméstica.