Anoka ha acordado no divulgar información médica privada de inquilinos con problemas de salud mental y pagar $175,000 dólares para resolver una denuncia del gobierno federal. El Departamento de Justicia acusó a la ciudad de presionar a propietarios para desalojar a inquilinos con problemas mentales, violando la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Desde 2018, la ciudad compartió detalles sobre crisis de salud mental con los propietarios. Este acuerdo busca proteger a los inquilinos y evitar discriminación futura. El Departamento destacó que estas políticas de “vivienda libre de crimen” pueden desalentar a las personas de pedir ayuda cuando más la necesitan.
