El sistema de escuelas públicas de Denver (DPS) presentó una demanda federal contra la administración de Donald Trump para frenar la política que permite a agentes de inmigración ingresar a las escuelas. Según el distrito, esta medida ha generado temor entre los estudiantes y sus familias, afectando la asistencia escolar y desviando recursos esenciales.
Denver se convierte así en el primer distrito escolar en desafiar esta política en los tribunales. La demanda argumenta que la eliminación de restricciones previas sobre operativos de inmigración en lugares sensibles, como escuelas y hospitales, ha afectado la misión educativa del DPS, que atiende a más de 90.000 estudiantes, de los cuales 4.000 son inmigrantes.
La decisión del gobierno de Trump, parte de sus esfuerzos por intensificar deportaciones, ha obligado a las escuelas a capacitar a su personal y redirigir recursos para proteger a los alumnos. El DPS exige que el Departamento de Seguridad Nacional publique oficialmente esta directiva para prepararse mejor.
“El distrito está defendiendo a sus niños y familias”, declaró Elora Mukherjee, experta en derechos de inmigrantes. La demanda no solo busca proteger a los estudiantes de Denver, sino de todo el país.