Al menos 13 personas con antecedentes graves como abuso sexual, trata de personas, acoso, corrupción y vínculos con el crimen organizado han ganado cargos judiciales en las pasadas elecciones en México.
A pesar de las denuncias, están a un paso de convertirse en jueces y magistrados, tanto a nivel local como federal. La última esperanza para frenar su llegada al Poder Judicial es el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral.
Uno de los casos más alarmantes es el de Hernán Vega Burgos, quien ganó una magistratura en Yucatán. Fue acusado en 2009 de encubrir una red de trata y explotación sexual mientras era delegado del Instituto Nacional de Migración. Dos mujeres lo señalaron por cobrar cuotas a cambio de prostituirse y amenazarlas con violarlas y deportarlas si no cooperaban. Aunque él asegura que fue víctima de una fabricación de delito, su constancia aún no ha sido entregada.
En Chihuahua, Silvia Delgado, exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán, recibió ya su constancia como jueza penal. En Veracruz, Héctor Ulises Orduña ganó como juez de distrito ¡desde prisión! Lleva dos meses detenido por abuso sexual infantil y pornografía. Mientras no haya sentencia, su caso sigue bajo revisión del INE.
Otro perfil polémico es Jaime Cisneros, electo como magistrado en Nuevo León, señalado por acoso a estudiantes mientras fue docente universitario. A él se suman Sergio Díaz, acusado de ser deudor alimentario, y Genaro Antonio Valerio, con múltiples denuncias por acoso laboral y sexual. Estos casos fueron expuestos por la consejera electoral Carla Humphrey, pero la mayoría del consejo desechó su propuesta de impedirles el cargo.
También hay quienes tienen vínculos con la iglesia evangélica La Luz del Mundo, cuyo líder está preso por abuso sexual infantil. Entre ellos: Madián Menchaca, hija de un obispo de la congregación; Eluzai Rafael Aguilar, abogada e hija de un ministro de culto; y Salma Jaanai Martínez, electa jueza penal federal por Coahuila. Su ascenso ha sido impulsado por líderes de dicha iglesia.
En Ciudad de México, Irlanda Gabriela Pacheco, próxima jueza en Iztapalapa, enfrentó una suspensión por fraude procesal y uso de documentos falsos. Fue también abogada de un presunto miembro de la Unión Tepito.
Y en Baja California, Norma Alicia Sandoval, la más votada para jueza penal, fue despedida por fabricar pruebas en casos de narcotráfico.
En Tamaulipas, Tania Contreras, vinculada a redes de corrupción y tráfico de combustible, ya recibió constancia como magistrada.
Además, cerca de 40 aspirantes ganaron sin cumplir los requisitos académicos mínimos, como promedio de calificaciones, lo que ha obligado al INE a revisar con lupa cada caso.
Por ahora, las constancias están en pausa. Pero si no se actúa a tiempo, estos perfiles llegarán a impartir justicia en México.