Una corte federal de apelaciones autorizó este martes al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar el uso ampliado de las deportaciones aceleradas de inmigrantes indocumentados en todo Estados Unidos, una medida considerada clave dentro de su estrategia de deportaciones masivas.
Revocan suspensión impuesta por una corte inferior
La decisión fue tomada por una dividida panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que anuló una orden previa de la jueza federal Jia Cobb. Esa resolución había suspendido temporalmente la expansión del programa por considerar que no existían suficientes garantías para evitar deportaciones erróneas.
El mecanismo de “expedited removal” o deportación acelerada permite expulsar a ciertos inmigrantes sin que comparezcan ante un juez de inmigración. Tradicionalmente se aplicaba a personas detenidas cerca de la frontera o poco tiempo después de ingresar al país.
La administración amplió el programa en enero
En enero, la administración Trump extendió el uso de este procedimiento a inmigrantes indocumentados en cualquier parte del territorio nacional. Desde entonces, agentes migratorios han realizado detenciones en tribunales de inmigración y han ejecutado deportaciones en cuestión de días.
Los jueces Justin R. Walker y Neomi Rao, ambos nombrados por Trump, concluyeron que los demandantes no demostraron que la política violara los derechos constitucionales al debido proceso. Según la opinión mayoritaria, los inmigrantes reciben notificación de los procedimientos y tienen oportunidad de responder.
Organizaciones civiles expresan preocupación
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) criticó el fallo. Anand Balakrishnan, abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la organización, afirmó que el sistema puede provocar errores y privar a las personas de garantías fundamentales antes de ser deportadas.
La jueza Cobb había citado casos de personas que llevaban más de dos años viviendo en Estados Unidos y que, aun así, fueron incluidas en procedimientos de deportación acelerada. Aunque la corte de apelaciones reconoció la existencia de errores, determinó que estos se deben a fallas individuales de algunos agentes y no a defectos en las directrices oficiales del programa.
El gobierno federal sostiene que la ampliación incluye mecanismos de protección y que constituye una herramienta esencial para enfrentar la inmigración irregular y agilizar los procesos de expulsión.