Un juez federal exigió respuestas tras la salida de dos vuelos con deportados a El Salvador, a pesar de su orden verbal de detener las expulsiones bajo la controvertida aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros por el presidente Donald Trump.
El juez James E. Boasberg criticó que el gobierno solo acatara su orden cuando fue emitida por escrito. La demanda, liderada por la ACLU y Democracy Forward, acusa a la administración de ignorar la autoridad judicial. El caso podría llegar a la Corte Suprema, marcando un nuevo choque sobre el poder presidencial en inmigración.