Un juez federal desestimó la demanda presentada por la administración del presidente Donald Trump contra el estado de Minnesota, el fiscal general Keith Ellison y varios gobiernos locales, al concluir que el gobierno federal no puede obligar al estado a utilizar sus recursos para hacer cumplir políticas federales de inmigración.
La decisión respalda la autonomía del estado
La resolución fue emitida el 20 de julio por el juez federal Eric Tostrud, designado por el propio presidente Trump. El caso surgió a partir de una demanda presentada en septiembre de 2025, con la que el gobierno federal buscaba obligar a Minnesota y a distintas autoridades locales a colaborar con acciones de control migratorio.
El tribunal determinó que la Constitución de Estados Unidos protege la autonomía de los estados y que el gobierno federal no puede imponerles la obligación de aplicar sus políticas migratorias ni ordenar el uso de recursos estatales para ese propósito.
Qué cambia para Minnesota
Uno de los principales puntos del litigio era la opinión legal emitida por el fiscal general Keith Ellison en 2025, en la que estableció que las agencias estatales y locales no pueden mantener detenida a una persona únicamente por una solicitud de retención migratoria cuando ya corresponde su liberación por otros motivos.
El juez desestimó ese reclamo al considerar que el gobierno federal no tiene autoridad para obligar a las agencias estatales y locales a mantener bajo custodia a personas únicamente por razones migratorias.
También fue rechazada la impugnación contra la ley de Minnesota que limita el acceso a la información de las licencias de conducir cuando el propósito es la aplicación de leyes migratorias. El tribunal concluyó que exigir al estado compartir esos datos violaría la Décima Enmienda de la Constitución, que protege las competencias de los estados frente al gobierno federal.
También quedaron fuera otros gobiernos locales
La resolución incluye la desestimación de las reclamaciones contra políticas y ordenanzas de las ciudades de Minneapolis, Saint Paul y el condado de Hennepin, al considerar que presentan los mismos principios constitucionales.
Tras conocerse el fallo, el fiscal general Keith Ellison afirmó que la decisión reafirma que el gobierno federal no puede obligar a Minnesota a participar en estrategias de control migratorio con las que el estado no está de acuerdo. También sostuvo que continuará defendiendo la soberanía estatal y las facultades que la Constitución reconoce a Minnesota.
Un criterio que ya se ha repetido en otros estados
Casos similares promovidos por el gobierno federal también han sido desestimados por tribunales en California, Illinois, Nueva Jersey y Nueva York.
Fuente oficial: Oficina del Fiscal General de Minnesota