Por primera vez desde el inicio del operativo federal Operation Metro Surge, una jueza federal impuso sanciones económicas a un abogado del gobierno por incumplir una orden judicial relacionada con la liberación de un inmigrante detenido.
La jueza Laura Provinzino declaró en desacato civil al abogado federal Matthew Isihara durante una audiencia celebrada el miércoles. En el marco de un caso de habeas corpus, la magistrada ordenó una multa diaria de 500 dólares hasta que el gobierno cumpla plenamente con su resolución.
El caso
El proceso fue presentado en representación de Rigoberto Soto Jimenez, un inmigrante mexicano que reside en Estados Unidos desde 2018.
De acuerdo con documentos judiciales, Soto Jimenez no tiene antecedentes penales, no cuenta con una orden final de deportación y se encuentra en proceso de obtener un estatus migratorio legal.
Fue arrestado el 14 de enero en su lugar de trabajo y se le negó una audiencia de fianza en corte migratoria. La jueza ordenó su liberación antes del 13 de febrero desde el Camp East Montana Detention Facility, en El Paso, Texas, estableciendo que debía ser liberado en Minnesota y que el gobierno debía devolverle todas sus pertenencias.
Incumplimiento y sanción
Si bien ICE cumplió con la fecha límite de liberación, dejó a Soto Jimenez en Texas sin sus documentos de identificación, incluyendo su licencia de conducir de Minnesota y su identificación consular mexicana.
Durante la audiencia, el abogado Matthew Isihara reconoció que la orden judicial “se pasó por alto” y señaló que enfrenta una carga extraordinaria de trabajo, con casi 130 casos asignados en el último mes vinculados a Operation Metro Surge.
Tras el fallo, el fiscal federal Daniel Rosen calificó la decisión como “un abuso sin fundamento del poder judicial”. La jueza ordenó que la multa de 500 dólares diarios se mantenga hasta que los documentos sean devueltos.