Nueve días después de la masacre en El Paso (Texas), el gobierno de México guarda hermetismo sobre si solicitará o no la extradición del presunto autor del tiroteo pero, aún con un acuerdo bilateral vigente, eso podría terminar en una mera movida simbólica, según expertos.

La masacre del pasado 3 de agosto en un almacén de Walmart se cobró la vida de 22 personas, entre éstas ocho ciudadanos mexicanos, y el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sugirió que buscaría la extradición del presunto autor del tiroteo, Patrick Crusius. Nueve días después de la tragedia, México no ha confirmado si solicitará o no su extradición.

Sin embargo, la mayoría de los expertos coincide en que, si bien México puede tener argumentos políticos y legales sólidos, es poco probable que la logre y que sus esfuerzos tengan solo peso simbólico.

Crusius, de 21 años, aparentemente publicó un manifiesto en el que profesaba su odio por la “invasión de Hispanos en Texas” y posteriormente, en su confesión del crimen, dijo a las autoridades que su meta era ir a “matar a mexicanos”.

Poco después de la masacre, considerada como el ataque más mortífero contra hispanos en la historia reciente de EEUU, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que el gobierno de AMLO respondería no “con odio” pero “con firmeza”, y estudiaría varias opciones legales.

“Consideramos este acto como un acto de terrorismo contra la comunidad mexicoamericana y los ciudadanos mexicanos en EEUU”, dijo Ebrard en rueda de prensa al delinear un plan de seis puntos al día siguiente de la masacre.