La presidenta del Tribunal Supremo de Minnesota, Natalie Hudson, rechazó nuevamente emitir una orden para limitar cómo agentes federales realizan operativos de inmigración dentro o cerca de tribunales estatales.
La decisión responde a una solicitud presentada por el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, junto con fiscales de Hennepin y Ramsey y autoridades legales de Minneapolis y St. Paul.
Falta de autoridad legal
Hudson explicó en una carta que el Poder Judicial estatal no tiene autoridad constitucional para regular las acciones de agencias federales como Immigration and Customs Enforcement o Customs and Border Protection dentro de espacios públicos de edificios judiciales.
Según Hudson, el establecimiento de restricciones podría interpretarse como una postura política en un tema altamente polarizado a nivel nacional.
Preocupación por acceso a la justicia
Los fiscales que solicitaron la medida argumentaron que las detenciones migratorias dentro de tribunales pueden impedir que víctimas, testigos o acusados participen en audiencias judiciales.
Sin embargo, Hudson señaló que los agentes federales han operado únicamente en áreas públicas de edificios del condado y no dentro de salas de audiencias o zonas consideradas privadas del sistema judicial.