Las ciudades de St. Paul y Minneapolis anunciaron su participación en la demanda San Francisco v. Trump, presentada por varias jurisdicciones contra la administración de Donald Trump. La demanda busca frenar la retención de fondos federales a ciudades que no cooperan con la aplicación de leyes migratorias.
El alcalde de St. Paul, Melvin Carter, advirtió que la orden ejecutiva de Trump pone en riesgo $260 millones en financiamiento, esenciales para proyectos como la sustitución de tuberías de plomo y la seguridad pública. Por su parte, Minneapolis reafirmó su política de priorizar la salud y seguridad de toda la comunidad sin involucrarse en la aplicación de leyes migratorias federales.
Las ciudades demandantes argumentan que la administración Trump intenta forzar a los gobiernos locales a colaborar con la aplicación de leyes migratorias, amenazando con recortes presupuestarios y acciones legales.