El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, junto a una coalición de 21 fiscales generales, presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para frenar el cierre del Departamento de Educación. El gobierno federal anunció el 11 de marzo el despido del 50% de su personal, afectando a millones de estudiantes.
Ellison afirmó que la medida es ilegal y anticonstitucional, perjudicando a estudiantes con discapacidades y familias de bajos ingresos. La demanda busca evitar que el Ejecutivo desmantele unilateralmente la agencia sin aprobación del Congreso. Fiscales de California, Nueva York y otros estados también apoyan la acción legal.