El distrito escolar de St. Louis Park informó ajustes en el calendario debido a las condiciones climáticas previstas para esta semana. Jueves 22 de enero Viernes 23 de enero Las autoridades recomiendan a las familias mantenerse atentas a futuras comunicaciones oficiales.
El sheriff del condado de Cottonwood, Jason Purrington, rechazó las acusaciones de ICE, que afirmó que las autoridades locales permitieron la liberación de un hombre acusado de conducta sexual criminal pese a existir una orden de retención migratoria. El caso involucra a Samuel Arevalo Hernández, de 20 años, acusado de dos cargos de conducta sexual criminal por una presunta relación inapropiada con una menor de edad. ICE publicó un video del arresto del acusado y señaló que el condado se negó a cooperar. No obstante, el sheriff explicó que el 13 de enero, cuando se notificó que el acusado había obtenido libertad bajo fianza, personal de la cárcel contactó de inmediato a ICE. Según el condado, agentes federales informaron que no podían acudir debido a que estaban ocupados en operativos en el área metropolitana y solicitaron la dirección del acusado para una detención posterior. Purrington calificó la versión difundida por ICE como “totalmente inexacta” y aseguró que el condado sí cumplió con los protocolos de notificación solicitados.
El Minnesota Immigrant Rights Action Committee (MIRAC) llevó a cabo una rueda de prensa frente a la oficina del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, luego de que once activistas aceptaran cargos por faltas menores y multas derivadas de una sentada realizada en octubre pasado en la sede del gobierno municipal. Durante el evento, MIRAC criticó la respuesta de la ciudad ante las protestas contra las operaciones de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y reiteró su rechazo a lo que consideran una creciente presencia federal en la ciudad bajo el operativo denominado “Operation Metro Surge”, iniciado a finales de 2025. Los organizadores recordaron el caso de Renee Nicole Good, residente de Minneapolis que murió el 7 de enero tras recibir un disparo de un agente federal durante un operativo de ICE. También señalaron incidentes posteriores en los que se reportó el uso de gas lacrimógeno y arrestos de manifestantes. Entre las exigencias presentadas se encuentran la ampliación de zonas libres de ICE, la prohibición de agentes encubiertos, el rechazo a la cooperación entre fuerzas locales y federales, y llamados a mayor rendición de cuentas por parte de autoridades policiales.
Dos adolescentes fueron detenidos por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos el miércoles por la tarde en el sur de Minneapolis. Según información documentada por un fotoperiodista de MPR News, los agentes interceptaron un vehículo SUV en el que viajaban los menores. Uno de ellos fue detenido tras la toma de una fotografía de identificación, mientras que la conductora presentó un pasaporte estadounidense que fue revisado por los agentes antes de su detención. El incidente atrajo a una multitud de personas que grabaron lo ocurrido. Durante la salida de los agentes del lugar, al menos dos transeúntes fueron arrestados y se reportó el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta para controlar la situación. Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer más detalles sobre los motivos de las detenciones. Imágenes: Ben Hovland
Un documento judicial del Departamento de Justicia confirmó que un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) compartió información del Seguro Social sin autorización y fuera de los protocolos de seguridad establecidos. La presentación, emitida el martes, señala que la Administración del Seguro Social no ha podido determinar qué tipo de información fue compartida mediante un servidor de terceros no aprobado para almacenar registros de la agencia, ni si esos datos aún existen en dicho sistema. El reconocimiento marca la primera admisión oficial de la administración del presidente Donald Trump sobre el manejo indebido de datos por parte de empleados de DOGE. La agencia había argumentado previamente que necesitaba acceso a los registros para detectar posibles casos de fraude.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó a una brigada de policía militar del Ejército con sede en Fort Bragg, Carolina del Norte, que se prepare para un posible despliegue a Minneapolis, según personas familiarizadas con el tema que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la operación. La orden de “prepare-to-deploy” se emitió ayer y abarca al menos varios cientos de soldados de una brigada de policía militar. Esta unidad tiene entrenamiento en seguridad perimetral, protección de rutas y control de multitudes. Un funcionario del Pentágono declinó ofrecer detalles y dijo que “no hay nada que anunciar por el momento, y cualquier tip sobre esto es pre-decisional”. Este movimiento se suma a una orden emitida la semana pasada para que dos batallones de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska, se alisten para un posible despliegue. Cada batallón de infantería está compuesto por al menos 500 soldados y la división está especializada en operaciones en condiciones invernales. El posible despliegue de tropas ocurre en medio de enfrentamientos continuos en Minneapolis entre agentes de inmigración y residentes tras la muerte de Renee Good, quien falleció a manos de un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las protestas y enfrentamientos han generado presión para reforzar la presencia de fuerzas federales. Aunque las tropas de la policía militar están siendo preparadas, la Ley de Insurrección prohíbe que fuerzas armadas activas participen en labores de aplicación de la ley civil sin una orden específica del presidente. Ese estatuto, vigente desde hace más de un siglo, facultaría al presidente Donald Trump a desplegar tropas en el interior del país si determina que existe una “rebelión”. Hasta ahora, el Pentágono no ha confirmado oficialmente el despliegue.
El vicepresidente JD Vance realizará una visita a Minneapolis este jueves, en medio del aumento de operativos de ICE y las tensiones generadas por las acciones federales de control migratorio en Minnesota. Vance participará en una mesa redonda con líderes locales y comunitarios, además de emitir declaraciones públicas en la ciudad. Las autoridades federales no han detallado aún el lugar ni la hora exacta de los eventos. En su agenda oficial también figura una visita a Toledo ese mismo día. De acuerdo con el reporte, el vicepresidente planea centrar su mensaje en el tema de “restaurar el orden público en Minneapolis”, manifestar su respaldo a ICE y sostener encuentros con agentes migratorios durante su estancia en el estado. La visita se da en un contexto de creciente polémica por el despliegue de ICE en Minnesota y tras las declaraciones de Vance en defensa del agente Jonathan Ross, involucrado en el tiroteo del 7 de enero. En una conferencia en la Casa Blanca, el vicepresidente sostuvo que el agente actuó en defensa propia y que no debía enfrentar cargos debido a la inmunidad que protege a los oficiales federales. Como dato adicional, esta semana la Casa Blanca confirmó que la segunda dama, Usha Vance, espera el cuarto hijo de la pareja, quien nacería a finales de julio.
Durante una entrevista en La Raza Minnesota, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, reafirmó su respaldo a la comunidad inmigrante en medio de los operativos de ICE que han provocado inquietud en distintos sectores de la ciudad. En el programa “Mi Ciudad”, conducido por Mariano Espinoza, el mandatario local reconoció que estas acciones han tenido un impacto negativo en la economía, particularmente en pequeñas empresas cuyos trabajadores y clientes han reducido su actividad por miedo. En respuesta, Frey informó que el municipio ha organizado ayuda legal gratuita para pequeños empresarios, además de asesoría para resolver dudas sobre cómo actuar ante la presencia de agentes federales. El alcalde también fue enfático al señalar que la Guardia Nacional de Minnesota, en caso de desplegarse en la ciudad, no colaborará con ICE, sino que cumplirá únicamente con funciones específicas asignadas por el gobernador, como labores de vigilancia o control del tráfico. Para cerrar, Frey envió un mensaje directo a la comunidad inmigrante:
Un juez federal ordenó la liberación de una familia venezolana detenida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que las autoridades no presentaran una orden judicial que justificara su detención. La familia de seis personas fue arrestada la semana pasada durante una redada en su hogar en Nevada Avenue en St. Paul, Minnesota, en un operativo captado en video en el que agentes armados irrumpieron en la casa. Un vecino informó que los agentes afirmaron tener una orden de registro, pero nunca mostraron documentación válida. Tras la detención, familiares presentaron una petición de habeas corpus en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, solicitando la liberación de los seis integrantes, entre ellos un menor de 12 años. El juez John Tunheim dio a DHS un plazo para presentar la orden judicial. Al no hacerlo, concedió la petición y ordenó la liberación dentro de 72 horas. La orden también exige que el gobierno informe al tribunal sobre el estado de la familia en un plazo de cinco días para asegurar que se cumpla la disposición judicial. Este caso se suma a otras controversias legales en Minnesota relacionadas con las operaciones federales de inmigración y el respeto a las garantías constitucionales durante las detenciones.
El Departamento de Justicia (DOJ) ha intensificado una investigación penal federal en Minnesota, sirviendo subpoenas de gran jurado a cinco oficinas gubernamentales del estado, incluyendo las de gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Las citaciones entregadas esta semana por la FBI buscan obtener registros y comunicaciones oficiales relacionadas con posibles esfuerzos de altos funcionarios estatales y municipales por interferir o coaccionar a agentes federales de inmigración (ICE) durante un despliegue masivo de fuerzas en el área de Minneapolis–St. Paul. Esta investigación se produce en medio de tensiones crecientes tras una operación de inmigración con miles de agentes en la región y la muerte de una mujer en un tiroteo con un agente de ICE, hechos que desencadenaron protestas y resistencia local. Walz y Frey han rechazado las acusaciones y las califican de un intento de intimidación política, sosteniendo que sus declaraciones y acciones han buscado proteger a las comunidades locales y respetar los derechos constitucionales. Frey ha dicho que, aunque su oficina aún no ha recibido una citación directa, planea cooperar con la investigación. La investigación aún está en curso y no se han presentado cargos formales. Analistas señalan que cualquier acción legal tendría implicaciones serias en la relación entre autoridades estatales y federales sobre políticas migratorias.
